Derechos que se oxidan y verdades que no construyen poder

Elena Plaza, periodista   /    Fotografía: Daniel López

“Los derechos tenemos que usarlos porque se nos oxidan”. Esta máxima de Stéphane M. Grueso, director y productor de documentales entre otras labores, resume en buena medida el contenido de la mesa redonda ‘¿Libertad o posibilidad de expresión? Posverdad y fake news’, en la que participó junto con Miguel Álvarez Peralta, profesor universitario y asesor de políticas mediáticas de Podemos, y Ana Taboada, abogada y vicealcaldesa del Ayuntamiento de Uviéu, en el marco de los Alcuentros de Primavera del Institutu Asturies 2030.

Aunque no se trate de un tema nuevo, es ahora cuando se le presta una especial atención a la posverdad, que siempre existió junto con las fake news (noticias falsas) y la censura. Un fenómeno que se debe, en opinión de los participantes, a la pérdida de control por parte de los estamentos de poder tradicionales que supone la aparición de nuevos actores en el escenario, como los nuevos movimientos sociales y políticos, y el empuje que supone todo lo digital, y que presentan batallas más comunicacionales a las que se las tilda de “populistas”, en opinión de Álvarez Peralta.
Para el profesor universitario la posverdad “no sería la mentira de toda la vida y ha quedado demostrado que la verdad no construye el poder”. Al mismo tiempo señala que esta nueva batalla comunicacional consiste en “coordinar disposiciones emocionales, algo obvio desde siempre para el marketing, pero no para el pueblo”.

Uno de los argumentos utilizados desde estos estamentos de poder es “intentar mezclarlo todo ante esa falta de control que experimentan”, resquebrajando la garantía de derechos, como ocurre con la Ley Mordaza, desde la perspectiva de Taboada, quien confía que el nuevo Gobierno acabe con ella.

Pero no todo es malo con la entrada en escena de la posverdad y las fake news. Grueso les encuentra el lado positivo, y es que “todos podemos informar y desinformar, y crear bulos. Nos presenta un nuevo escenario con nuevos problemas. La comunicación ahora fluye en dos direcciones, y eso es nuevamente positivo, pero a los poderes políticos eso no les gusta”. Y en todo esto tiene mucho que ver Internet y los dispositivos móviles: “A partir del 15M somos capaces de contarnos”. Pero el hecho es que la posverdad “no atiende a lo que pasa, sino a las creencias de cada uno”. De ahí la importancia de aprender a vivir en este mundo nuevo y la necesidad de una alfabetización mediática, algo en lo que coincidieron los tres ponentes. “¿Y qué haces con ello? El respeto a la libertad de expresión tendría que ser en su más amplia expresión. Ningún gobierno debe decidir lo que es verdad y lo que no”, concluyó.

Publicidad institucional y @fíltrala

El debate dio para mucho y aún así se quedó corto, con temas de actualidad sobre los que no se dio tiempo profundizar. Pero sí hubo una reseña especial para la publicidad institucional, sobre cómo premia y castiga a medios acólitos o enemigos (porque parece que los medios tienen que posicionarse en algún bando en lugar de hacer periodismo) y el uso opaco que de estos dineros se hace, a pesar de la Ley de Transparencia. Tanto es así esta opacidad que, como recordó Grueso, diez ministerios de la era Rajoy se negaban a entregar estas cuentas, llegando a pleitear por mantenerlas ocultas.

Álvarez Peralta, que ha investigado sobre este tema, explicó que, como el autobombo está prohibido por ley (aunque hace años era una práctica habitual conceder este tipo de información a medios amigos), lo que se hace ahora es hacer un reparto interesado, conocido como “caverna mediática”, sin atender a criterios objetivos como la difusión o la pluralidad. El subterfugio empleado para evitar este control legal es entregar el presupuesto a una agencia de publicidad que, como empresa privada, no se ve sujeta a esta consideración de la ley, desconociéndose su plan de medios. Es decir, manga ancha. Taboada ilustró a este respecto con algunos ejemplos vividos en el Ayuntamiento de Uviéu, descubiertos tras la llegada del tripartito al Gobierno local.

Frente a este tipo de prácticas Grueso, fundador y miembro de la Plataforma por la Defensa del Derecho a la Libertad de Información, habló de otra de sus iniciativas, Fíltrala, una plataforma que garantiza el anonimato para la filtración de información comprometida que ayude al desarrollo del periodismo de investigación. Ubicada legalmente en Bélgica, más garantista que la española en lo que se refiere a la libertad y el derecho a la información, están obligados a preservar el anonimato de estas fuentes con el empleo de una plataforma libre que no permite su identificación. Con cuatro años de vida, cuenta con la colaboración de medios como eldiario.es, Greenpeace, Facua y otros, y gracias a su trabajo se destapó el pasado verano “Los papeles de la Castellana, un minipapeles de Panamá, donde se dio información sobre diferentes negocios de familiares del Rey y empresarios importantes”, contó Stéphane Grueso.